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El periodismo no es delito
El ejercicio del periodismo se fundamenta en el interés público. Informar responsablemente sobre procesos judiciales, especialmente aquellos que involucran a autoridades, instituciones estatales o recursos públicos, no constituye un delito: es una expresión legítima del derecho a la información y un pilar de toda democracia sana y transparente.
Este proyecto, al establecer sanciones penales amplias y poco delimitadas, podría afectar no solo a periodistas, sino también a investigadores, denunciantes, querellantes e incluso ciudadanos comprometidos con la verdad y la fiscalización social. En su actual redacción, representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública.
Riesgo de censura y autocensura
La aprobación de esta ley podría generar un clima de temor, autocensura e inhibición informativa, afectando directamente la labor investigativa de los medios de comunicación. También pone en riesgo la posibilidad de revelar oportunamente hechos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, abusos de poder u otras materias de alto interés ciudadano.
Las normas vigentes ya sancionan filtraciones indebidas
Reconocemos que los funcionarios públicos y quienes participan formalmente en un proceso penal están sujetos al deber de reserva. Sin embargo, la legislación actual ya contempla sanciones para quienes violan dicho deber, por lo tanto, no es necesario ni proporcional criminalizar también a quienes reciben o difunden información de interés público sin haber incurrido en actos ilegales para obtenerla.
La criminalización de la divulgación, sin considerar el contexto, la intención informativa ni el valor público del contenido, abre la puerta a restricciones desproporcionadas, persecuciones selectivas y vulneraciones a derechos fundamentales.
Periodismo libre, ético y responsable
Las y los periodistas y comunicadores sociales de nuestro país hemos asumido históricamente con responsabilidad el rol de informar, investigar y fiscalizar. Nuestro compromiso con la ética profesional y la democracia es indeclinable. Por ello, no podemos aceptar que se nos silencie bajo amenazas penales.
El Estado debe velar por el equilibrio entre el deber de reserva en las investigaciones judiciales y el irrenunciable derecho de la sociedad a ser informada, sobre todo cuando están en juego hechos de interés público.
Por todo lo anterior, como AMDI-Chile, exigimos:
1. El retiro o rechazo inmediato del Proyecto de Ley Boletín 17.484-07, por vulnerar principios esenciales de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información.
2. La convocatoria a una mesa de diálogo plural que incluya a periodistas, medios independientes, colegios profesionales, académicos, representantes del Poder Judicial y defensores de derechos humanos, con el fin de abordar de manera seria y democrática los desafíos asociados a la reserva judicial y la transparencia pública.
3. El respeto irrestricto a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente el Artículo 13, que protege el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
¡Sin periodismo libre no hay democracia plena!
¡Informar no es delito!
Asociación de Medios Digitales de Chile – AMDI-Chile
Santiago, Chile – Julio de 2025
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A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.
La Corte Suprema tomó la decisión de remover al director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial debido a su responsabilidad en la fallida renovación de los vehículos fiscales de los ministros del máximo tribunal.
El gobierno ha firmado un decreto de expropiación en la ex Colonia Dignidad, asentamiento alemán desmantelado en 1991. Se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados en el lugar.
La Corte Suprema rechaza recurso de casación por incumplimiento de contrato presentado por productor de eventos.
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