La ministra vocera señaló que la opción está en análisis según “recursos disponibles y necesidades concretas”, tras Peticiones del Partido Comunista que buscan un gesto similar al de México en apoyo a la población civil cubana. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), afirmó este miércoles que el Ejecutivo de Gabriel Boric está evaluando la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Cuba, en el contexto de la intensificación del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. La declaración de la vocera se produce luego de que el Partido Comunista (PC) y diversas figuras de esa colectividad emplazaran al Gobierno a destinar recursos dirigidos a la población civil cubana, siguiendo el ejemplo de la administración de Claudia Sheinbaum en México, que anunció el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria al país caribeño. En diálogo con radio ADN, Vallejo explicó que la evaluación de la ayuda se realiza “en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda” y destacó que, históricamente, Chile ha acudido en apoyo de otros pueblos frente a situaciones de guerra, invasiones o bloqueos económicos que afectan a la población. La ministra también calificó de “positivo y necesario” el gesto de México y sostuvo que Chile está considerando opciones similares, pero no entregó plazos ni detalles concretos sobre montos o logística. La discusión se da en un contexto de presión política interna. El senador Daniel Núñez (PC) recordó en redes sociales la asistencia brindada por Cuba a Chile tras el terremoto y tsunami de 2010, y llamó a que el país “devuelva la mano” con ayuda humanitaria. Por su parte, otros parlamentarios del PC han cuestionado con dureza el bloqueo y han instado a una postura más activa del Ejecutivo en apoyo a la población cubana, calificando la situación como una emergencia humanitaria. Fuente: CNN Chile País
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, ha anunciado la apertura de una causa penal en respuesta al informe de la Contraloría que reveló irregularidades en la gestión de recursos por el megaincendio en Valparaíso. En sus declaraciones, Campos señaló que informes remitidos por la Contraloría dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas. Según él, estas irregularidades involucran un centenar de viviendas y fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los 1.100 millones de pesos. Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos, y analizados estos desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación, afirmó Campos en declaraciones recogidas por La Tercera. De acuerdo con el informe de Contraloría, se han identificado falencias en el manejo de ingresos, egresos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar entre febrero de 2024 y abril de 2025. Además, se han detectado pagos no acreditados por más de $782 millones asociados a demoliciones en el sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, posibles sobreprecios y deficiencias en los respaldos. Fuente: ADN Radio Nacional
El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que las cuentas de luz experimentarán un aumento significativo para saldar la deuda con las distribuidoras en un plazo determinado. Según sus declaraciones, los clientes de mayor consumo podrían enfrentar alzas de hasta $2.000. En una entrevista con Radio Pauta, García explicó que la cifra de $1.450 adicionales corresponden al cálculo de consumo de un hogar promedio que pagaría una cuenta de alrededor de $40.000 al mes. Por lo tanto, una cuenta de $30.000 en luz, sumaría alrededor de $1.000, mientras que un pago mensual de $50.000 podría agregar otros $2.000. El ministro detalló que la propuesta tiene como objetivo cerrar el pago del 10% restante de la deuda generada por el congelamiento tarifario iniciado en 2019. Explicó que el 90% ya tenía un mecanismo definido, pero faltaba establecer cómo devolver el tramo final adeudado a las distribuidoras. García aclaró que el recargo no será un monto fijo para todos, sino que será proporcional al consumo eléctrico. La fórmula contempla un cargo único por kilowatt consumido, aplicado durante 48 meses, afirmó. Además, mencionó que el 40% de las familias más vulnerables recibirán subsidios para cubrir el aumento en sus facturas. El ministro señaló que los recursos para los subsidios serán generados por el mismo proyecto de ley a través del incremento del IVA sobre la electricidad. Asimismo, indicó que las empresas reguladas también deberán pagar un monto adicional, pero este no estará incluido en los subsidios destinados a las familias vulnerables. Fuente: Meganoticias
La Corte Suprema respaldó la decisión que permite avanzar en la acción judicial presentada contra el exfiscal regional Manuel Guerra, al confirmar la admisibilidad de la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público el pasado 24 de octubre. La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que ratificó lo resuelto previamente el 2 de enero por la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esta decisión, se habilita la continuación del procedimiento especial requerido para investigar a fiscales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Manuel Guerra, quien encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, es investigado por un presunto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta relevancia pública, entre ellas los casos Penta, Dominga y Exalmar, además del proceso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. En su fallo, la Suprema señaló que, en la actual etapa de la investigación, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público resultan plausibles y otorgan suficiente seriedad y verosimilitud a las imputaciones formuladas contra Guerra. Sin embargo, el tribunal enfatizó que esta decisión no implica establecer hechos ni determinar responsabilidades penales, sino únicamente permitir que el proceso siga su curso. La querella de capítulos funciona como un mecanismo previo —similar a un desafuero— exigido cuando se busca perseguir penalmente a jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos vinculados a su cargo. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha revelado que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) no ha logrado recuperar más de $20 mil millones asociados a licencias médicas rechazadas. Este hallazgo se desprende de una auditoría que examinó los procesos de recepción, tramitación y cobro de estos permisos no atingidos por funcionarios, principalmente en la Dirección Regional Metropolitana. El informe N°223 de 2025 detalla que entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios registraron licencias médicas por enfermedad o accidente común de manera intermitente por más de dos años, lo que resultó en 60.958 licencias no recuperadas, equivalentes a $20.916 millones. De este total, 9.964 permisos fueron rechazados, generando subsidios por incapacidad laboral por un monto de $5.547 millones. A pesar de los rechazos, la Contraloría constató que la Junji no tomó medidas suficientes para exigir la devolución de los dineros pagados indebidamente ni activó los mecanismos de cobranza a los funcionarios involucrados. Por esta razón, se ha instruido a la dirección nacional del servicio elaborar un plan de acción en un plazo de 60 días hábiles para recuperar efectivamente los montos adeudados. Además, se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones judiciales. El informe también destaca que la institución tiene más de 54 mil licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, sumando montos que superan los $10 mil millones, sin una gestión eficiente o trazable en todos los casos. En relación con exfuncionarios, se identificaron 38 licencias rechazadas —por cerca de $56 millones— correspondientes a trabajadores ya desvinculados, algunos con permisos sin goce de sueldo o acogidos a bonificación por retiro. De ellos, 23 no tienen gestiones de cobranza judicial y siete no han reintegrado los recursos pese a notificaciones formales. Por último, la Contraloría señaló que el proceso manual para recuperar subsidios mediante planillas Excel incumple instrucciones previas debido a la falta de un módulo operativo en el sistema informático PeopleSoft. Se ha ordenado implementar esta herramienta dentro del mismo plazo de 60 días hábiles. Según lo consignado por T13, Se ordenó al servicio informar de la puesta en marcha definitiva del sistema, acompañado de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas, en un plazo de 60 días hábiles. Fuente: Publimetro
La ministra vocera señaló que la opción está en análisis según “recursos disponibles y necesidades concretas”, tras Peticiones del Partido Comunista que buscan un gesto similar al de México en apoyo a la población civil cubana. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), afirmó este miércoles que el Ejecutivo de Gabriel Boric está evaluando la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Cuba, en el contexto de la intensificación del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. La declaración de la vocera se produce luego de que el Partido Comunista (PC) y diversas figuras de esa colectividad emplazaran al Gobierno a destinar recursos dirigidos a la población civil cubana, siguiendo el ejemplo de la administración de Claudia Sheinbaum en México, que anunció el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria al país caribeño. En diálogo con radio ADN, Vallejo explicó que la evaluación de la ayuda se realiza “en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda” y destacó que, históricamente, Chile ha acudido en apoyo de otros pueblos frente a situaciones de guerra, invasiones o bloqueos económicos que afectan a la población. La ministra también calificó de “positivo y necesario” el gesto de México y sostuvo que Chile está considerando opciones similares, pero no entregó plazos ni detalles concretos sobre montos o logística. La discusión se da en un contexto de presión política interna. El senador Daniel Núñez (PC) recordó en redes sociales la asistencia brindada por Cuba a Chile tras el terremoto y tsunami de 2010, y llamó a que el país “devuelva la mano” con ayuda humanitaria. Por su parte, otros parlamentarios del PC han cuestionado con dureza el bloqueo y han instado a una postura más activa del Ejecutivo en apoyo a la población cubana, calificando la situación como una emergencia humanitaria. Fuente: CNN Chile País
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, ha anunciado la apertura de una causa penal en respuesta al informe de la Contraloría que reveló irregularidades en la gestión de recursos por el megaincendio en Valparaíso. En sus declaraciones, Campos señaló que informes remitidos por la Contraloría dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas. Según él, estas irregularidades involucran un centenar de viviendas y fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los 1.100 millones de pesos. Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos, y analizados estos desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación, afirmó Campos en declaraciones recogidas por La Tercera. De acuerdo con el informe de Contraloría, se han identificado falencias en el manejo de ingresos, egresos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar entre febrero de 2024 y abril de 2025. Además, se han detectado pagos no acreditados por más de $782 millones asociados a demoliciones en el sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, posibles sobreprecios y deficiencias en los respaldos. Fuente: ADN Radio Nacional
El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que las cuentas de luz experimentarán un aumento significativo para saldar la deuda con las distribuidoras en un plazo determinado. Según sus declaraciones, los clientes de mayor consumo podrían enfrentar alzas de hasta $2.000. En una entrevista con Radio Pauta, García explicó que la cifra de $1.450 adicionales corresponden al cálculo de consumo de un hogar promedio que pagaría una cuenta de alrededor de $40.000 al mes. Por lo tanto, una cuenta de $30.000 en luz, sumaría alrededor de $1.000, mientras que un pago mensual de $50.000 podría agregar otros $2.000. El ministro detalló que la propuesta tiene como objetivo cerrar el pago del 10% restante de la deuda generada por el congelamiento tarifario iniciado en 2019. Explicó que el 90% ya tenía un mecanismo definido, pero faltaba establecer cómo devolver el tramo final adeudado a las distribuidoras. García aclaró que el recargo no será un monto fijo para todos, sino que será proporcional al consumo eléctrico. La fórmula contempla un cargo único por kilowatt consumido, aplicado durante 48 meses, afirmó. Además, mencionó que el 40% de las familias más vulnerables recibirán subsidios para cubrir el aumento en sus facturas. El ministro señaló que los recursos para los subsidios serán generados por el mismo proyecto de ley a través del incremento del IVA sobre la electricidad. Asimismo, indicó que las empresas reguladas también deberán pagar un monto adicional, pero este no estará incluido en los subsidios destinados a las familias vulnerables. Fuente: Meganoticias
La Corte Suprema respaldó la decisión que permite avanzar en la acción judicial presentada contra el exfiscal regional Manuel Guerra, al confirmar la admisibilidad de la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público el pasado 24 de octubre. La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que ratificó lo resuelto previamente el 2 de enero por la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esta decisión, se habilita la continuación del procedimiento especial requerido para investigar a fiscales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Manuel Guerra, quien encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, es investigado por un presunto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta relevancia pública, entre ellas los casos Penta, Dominga y Exalmar, además del proceso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. En su fallo, la Suprema señaló que, en la actual etapa de la investigación, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público resultan plausibles y otorgan suficiente seriedad y verosimilitud a las imputaciones formuladas contra Guerra. Sin embargo, el tribunal enfatizó que esta decisión no implica establecer hechos ni determinar responsabilidades penales, sino únicamente permitir que el proceso siga su curso. La querella de capítulos funciona como un mecanismo previo —similar a un desafuero— exigido cuando se busca perseguir penalmente a jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos vinculados a su cargo. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha revelado que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) no ha logrado recuperar más de $20 mil millones asociados a licencias médicas rechazadas. Este hallazgo se desprende de una auditoría que examinó los procesos de recepción, tramitación y cobro de estos permisos no atingidos por funcionarios, principalmente en la Dirección Regional Metropolitana. El informe N°223 de 2025 detalla que entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios registraron licencias médicas por enfermedad o accidente común de manera intermitente por más de dos años, lo que resultó en 60.958 licencias no recuperadas, equivalentes a $20.916 millones. De este total, 9.964 permisos fueron rechazados, generando subsidios por incapacidad laboral por un monto de $5.547 millones. A pesar de los rechazos, la Contraloría constató que la Junji no tomó medidas suficientes para exigir la devolución de los dineros pagados indebidamente ni activó los mecanismos de cobranza a los funcionarios involucrados. Por esta razón, se ha instruido a la dirección nacional del servicio elaborar un plan de acción en un plazo de 60 días hábiles para recuperar efectivamente los montos adeudados. Además, se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones judiciales. El informe también destaca que la institución tiene más de 54 mil licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, sumando montos que superan los $10 mil millones, sin una gestión eficiente o trazable en todos los casos. En relación con exfuncionarios, se identificaron 38 licencias rechazadas —por cerca de $56 millones— correspondientes a trabajadores ya desvinculados, algunos con permisos sin goce de sueldo o acogidos a bonificación por retiro. De ellos, 23 no tienen gestiones de cobranza judicial y siete no han reintegrado los recursos pese a notificaciones formales. Por último, la Contraloría señaló que el proceso manual para recuperar subsidios mediante planillas Excel incumple instrucciones previas debido a la falta de un módulo operativo en el sistema informático PeopleSoft. Se ha ordenado implementar esta herramienta dentro del mismo plazo de 60 días hábiles. Según lo consignado por T13, Se ordenó al servicio informar de la puesta en marcha definitiva del sistema, acompañado de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas, en un plazo de 60 días hábiles. Fuente: Publimetro
