La compra de viviendas nuevas en Chile podrá quedar exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de diciembre de 2026, gracias a una medida incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que busca reactivar el mercado inmobiliario y reducir la cantidad de propiedades disponibles sin vender. La disposición, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de octubre, tendrá una vigencia de 12 meses, hasta el 30 de noviembre de 2027, y permitirá realizar determinadas operaciones inmobiliarias sin el recargo del IVA. Se trata de una de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para estimular la actividad del sector de la construcción, facilitar la comercialización de viviendas terminadas y contribuir a la recuperación de la inversión inmobiliaria. Sin embargo, el beneficio no se aplicará a todas las viviendas nuevas, ya que la normativa establece condiciones relacionadas con la fecha de recepción definitiva de las obras y la naturaleza de la compraventa. ¿Qué viviendas podrán comprarse sin IVA desde diciembre? La exención se aplicará a la primera venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción definitiva de obras otorgada por la Dirección de Obras Municipales antes del 17 de octubre de 2026, fecha en que se publicó la ley. Esto significa que el beneficio está orientado principalmente a propiedades terminadas que forman parte del inventario disponible de las empresas inmobiliarias. Entre sus principales características destaca que no existen límites de precio expresados en Unidades de Fomento (UF), ni restricciones de superficie en metros cuadrados. Asimismo, podrán acceder compradores particulares y personas jurídicas, independientemente de si adquieren el inmueble como primera vivienda, segunda propiedad o inversión inmobiliaria. La exención también puede incluir bodegas y estacionamientos asociados a la vivienda, siempre que cumplan las condiciones legales y se comercialicen conjuntamente con ella. Quedan excluidas las propiedades usadas y las viviendas que no cumplan los requisitos de recepción definitiva establecidos por la normativa. ¿Cuánto podrían bajar los precios de las viviendas? Uno de los principales efectos esperados de la eliminación temporal del IVA es una reducción en el precio final de determinadas propiedades nuevas. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución no necesariamente será equivalente al 19%, debido a la forma en que se calcula el impuesto en las operaciones inmobiliarias y a los distintos costos que componen el valor de una vivienda. El arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Alberto Texido, explicó que la rebaja efectiva sería menor, considerando la estructura tributaria y productiva del sector. Además, el impacto final dependerá de cómo las inmobiliarias incorporen el beneficio en sus precios comerciales. Por ello, los especialistas recomiendan comparar los valores de una misma propiedad antes y después de la entrada en vigencia de la medida, considerando también los gastos asociados a la compra y al financiamiento hipotecario. Sector inmobiliario proyecta una recuperación durante 2027 Desde la industria inmobiliaria existe una evaluación positiva respecto de los posibles efectos de la exención tributaria. El director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte, sostuvo que la iniciativa podría ayudar a disminuir el inventario de viviendas nuevas que permanecen sin compradores. A su juicio, la medida podría complementar otros instrumentos de apoyo al mercado, como los subsidios a las tasas de interés hipotecarias, las garantías estatales FOGAES y modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La combinación de estos mecanismos permitiría mejorar las condiciones para concretar operaciones inmobiliarias y favorecer una recuperación del sector durante 2027. No obstante, el impacto dependerá también del acceso al crédito hipotecario, las tasas de interés y la capacidad de financiamiento de los hogares. Compradores anteriores a diciembre también podrían recuperar el IVA La Ley de Reconstrucción contempla un mecanismo especial para determinadas personas que compraron viviendas nuevas antes de la entrada en vigencia de la exención. El beneficio retroactivo considera operaciones formalizadas mediante escritura pública entre el 22 de abril y el 30 de noviembre de 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos. De acuerdo con el procedimiento informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el vendedor deberá restituir al comprador el IVA correspondiente y posteriormente solicitar su devolución al organismo tributario. Para ello, el SII habilitará el Formulario F3298, destinado a las solicitudes de devolución presentadas por los vendedores. En tanto, los compradores deberán acreditar que recibieron la restitución del impuesto mediante la declaración jurada F3299. La normativa también establece exigencias documentales relacionadas con la escritura de compraventa, por lo que será importante verificar las condiciones particulares de cada operación. Expertos advierten que se necesitan otras medidas habitacionales Aunque la exención tributaria podría contribuir a dinamizar las ventas inmobiliarias, especialistas señalan que la recuperación del sector requiere medidas adicionales. El exministro de Vivienda Jaime Ravinet destacó que la disminución de los precios de propiedades terminadas puede favorecer la actividad económica, pero recordó que el país también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a la vivienda. Entre ellos mencionó la situación de las más de 100 mil familias que viven en campamentos, problema que requiere soluciones habitacionales de largo plazo. De esta manera, la exención del IVA se presenta como una herramienta para impulsar las ventas de viviendas nuevas, aunque no reemplaza las políticas destinadas a enfrentar el déficit habitacional. ¿Hasta cuándo estará vigente la exención del IVA? El beneficio comenzará a operar el 1 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de un año, conforme a la Ley N.º 21.850. Durante este período, las empresas inmobiliarias que cumplan los requisitos podrán aplicar la exención en las operaciones correspondientes. La normativa también contempla reglas especiales para promesas de compraventa celebradas durante la vigencia del beneficio, sujetas a las formalidades legales. Con su implementación, el Gobierno busca incentivar la comercialización de viviendas terminadas y entregar un impulso al sector inmobiliario, cuya recuperación dependerá tanto de los incentivos tributarios como de las condiciones económicas y financieras del país.
Solo 23 de las 345 municipalidades de Chile cumplen completamente con sus obligaciones de transparencia activa, según reveló una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que identificó importantes brechas en el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos. El informe, elaborado entre abril y julio de 2026, estableció que el cumplimiento promedio nacional llegó al 88,5%, registrando un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se trata del mejor resultado desde que comenzaron estas mediciones en 2012. Sin embargo, el organismo advirtió que 322 municipios todavía presentan algún grado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, reconoció que los resultados muestran avances, aunque también reflejan dificultades persistentes en áreas relevantes para la fiscalización ciudadana. Gastos públicos y deudas municipales presentan las mayores deficiencias Uno de los aspectos más preocupantes identificados en el estudio corresponde a la disponibilidad de información financiera de los municipios. De acuerdo con los resultados, la publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó un 74% de cumplimiento, mientras que la información sobre adquisiciones y contrataciones llegó al 76,9%. La principal brecha se detectó en las deudas de las corporaciones municipales, cuyo nivel de cumplimiento fue de apenas un 46,5%. Asimismo, la publicación de contratos realizados fuera de Mercado Público registró un 60%, evidenciando dificultades para acceder a antecedentes sobre determinadas operaciones municipales. La presidenta del Consejo para la Transparencia enfatizó que conocer cómo se utilizan los recursos públicos constituye una de las principales demandas de información de la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que la falta de transparencia puede aumentar los riesgos de irregularidades administrativas, aunque precisó que un incumplimiento en la publicación de antecedentes no significa necesariamente que existan actos de corrupción. ¿Qué municipalidades cumplen completamente con la Ley de Transparencia? La fiscalización identificó a 23 municipios que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las obligaciones evaluadas. Entre ellos se encuentran las municipalidades de Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt, que lograron publicar la totalidad de los antecedentes exigidos en la revisión. En el extremo contrario, el informe identificó a varias comunas con niveles de cumplimiento considerablemente inferiores al promedio nacional. Entre los resultados más bajos aparecen: Huasco, Región de Atacama: 43,6%. Curarrehue, Región de La Araucanía: 47,2%. Catemu, Región de Valparaíso: 49,9%. Longaví, Región del Maule: 51,6%. Independencia, Región Metropolitana: 52,6%. Desde el CPLT explicaron que algunos municipios atribuyen sus dificultades a la falta de personal especializado o de capacidades técnicas. Sin embargo, recalcaron que estas condiciones no eliminan la obligación legal de mantener disponible y actualizada la información pública. Municipios muestran avances respecto de 2025 Pese a las deficiencias detectadas, el estudio también evidenció mejoras relevantes en el desempeño de numerosas administraciones comunales. Según el organismo, 39 de las 41 municipalidades que obtuvieron los resultados más bajos durante 2025 mejoraron sus indicadores en 2026, con un incremento promedio de 30,4 puntos porcentuales. Este avance contribuyó a elevar el cumplimiento nacional hasta su nivel más alto desde el inicio de las fiscalizaciones. No obstante, el Consejo insistió en que todavía existen diferencias importantes entre municipalidades, especialmente en la entrega de antecedentes financieros y contractuales. Consejo para la Transparencia advierte multas por incumplimientos Frente a los resultados, el CPLT anunció que desarrollará investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones legales. La normativa contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor, cuando se acrediten incumplimientos injustificados. Junto con las medidas de fiscalización, el organismo continuará realizando capacitaciones y acciones de acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos comunales. El objetivo institucional es que el promedio nacional supere el 90% durante 2027. Para el Consejo, mejorar el acceso a información sobre presupuestos, gastos, contrataciones y deudas municipales es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aunque los resultados muestran una evolución positiva, el hecho de que solo 23 municipalidades cumplan la totalidad de las exigencias evidencia los desafíos que todavía enfrenta Chile en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó dejar su cargo pese a las presiones políticas surgidas por la controversia sobre las rebajas de condenas. En paralelo, el excandidato presidencial Franco Parisi intensificó sus críticas al Gobierno y planteó que los diputados del Partido de la Gente (PDG) deberían adoptar una posición común frente a la acusación constitucional que prepara la oposición. La situación mantiene abierto un nuevo conflicto político para la administración del Presidente José Antonio Kast, mientras distintos sectores parlamentarios evalúan sus posiciones ante una eventual votación del libelo acusatorio. Rabat asegura respaldo presidencial y anuncia medidas para las víctimas Durante una actividad realizada junto a la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, el secretario de Estado respondió a los cuestionamientos provenientes tanto de la oposición como de partidos oficialistas, entre ellos la UDI y Renovación Nacional. Ante las solicitudes de renuncia, Rabat afirmó que cuenta con apoyo político para continuar sus funciones. Siento respaldo del sector, siento respaldo del señor presidente de la República, pero yo creo que lo relevante hoy día es enfocarnos en la solución a los problemas, sostuvo. Como parte de las medidas anunciadas, el ministro informó que el Ejecutivo impulsará una mesa de defensa de las víctimas, destinada a coordinar propuestas legislativas de distintos sectores políticos y recoger planteamientos de organizaciones relacionadas con esta materia. La autoridad también indicó que durante la semana anterior la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrolló 17 reuniones con distintas agrupaciones, como parte del trabajo preparatorio de la iniciativa. Sin embargo, al ser consultado sobre si el respaldo que asegura tener se traducirá en votos suficientes para enfrentar la acusación constitucional, evitó entregar cifras o comprometer apoyos parlamentarios. Franco Parisi cuestiona la permanencia del ministro Desde el Partido de la Gente, Franco Parisi manifestó una postura crítica respecto de la continuidad de Rabat en el gabinete y adelantó que la bancada parlamentaria se reunirá para definir cómo enfrentará la acusación constitucional. La idea es que debe ser un voto en bloque, señaló el excandidato presidencial, quien considera que la controversia trasciende sus eventuales consecuencias jurídicas y constituye un problema de responsabilidad política. Según explicó, la situación representa un incumplimiento del compromiso del Estado con la protección de los menores de edad y la seguridad de la ciudadanía. Parisi agregó que, tras conversar con representantes de su colectividad, estos habrían considerado necesario remover al ministro durante las primeras 24 horas de iniciada la crisis. El dirigente también cuestionó que la salida del exsubsecretario Luis Silva no estuviera acompañada de una decisión similar respecto del titular de Justicia. Críticas a Kast por su viaje a Europa Los cuestionamientos de Parisi también alcanzaron directamente al Presidente José Antonio Kast, a quien responsabilizó políticamente por la conducción de la crisis. El líder del PDG criticó el viaje del mandatario a Europa, que contempla una visita al Vaticano, considerando que el Gobierno enfrenta una controversia que requiere definiciones internas. A juicio del excandidato, los problemas de coordinación y liderazgo del Ejecutivo han profundizado el conflicto, mientras las repercusiones podrían afectar la evaluación ciudadana de la administración. Acusación constitucional mantiene abierto el escenario político La oposición avanza en la preparación de una acusación constitucional contra Fernando Rabat, iniciativa impulsada por sectores del Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana. El libelo se enmarca en la controversia por las rebajas de condenas, incluidas las otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. En este escenario, la definición que adopten los diputados del PDG podría adquirir especial relevancia para el resultado de la votación en la Cámara. Por ahora, el ministro mantiene su decisión de continuar en el cargo y concentrar su gestión en las medidas anunciadas, mientras persiste la presión política sobre el Ejecutivo y se espera conocer la posición definitiva de las distintas bancadas parlamentarias.
La última medición de la encuesta Plaza Pública Cadem reflejó un contundente desplome en la evaluación del ministro de Justicia, Fernando Rabat. El estudio de opinión pública arrojó un 77% de desaprobación a su desempeño en el cargo, contando con apenas un 12% de aprobación. El impacto político salpicó directamente al Palacio de La Moneda, ya que un 64% de los encuestados manifestó su desacuerdo con la determinación del presidente José Antonio Kast de ratificar al secretario de Estado para encabezar las modificaciones normativas. La desaprobación ciudadana responde al masivo rechazo que generan los beneficios penitenciarios concedidos a sentenciados por delitos sexuales contra menores, donde un 94% de los consultados se manifestó en contra de las rebajas de condena y un 90% afirmó que estos condenados jamás deberían acceder a reducciones de pena. Este escenario cobró mayor fuerza tras la investigación periodística de BBCL Investiga, la cual identificó a 33 pederastas beneficiados bajo la actual administración. Asimismo, la encuesta Cadem reveló que un 79% de los ciudadanos considera que Rabat no estaba legalmente obligado a firmar los decretos, mientras que un 72% estimó como insuficientes las explicaciones públicas entregadas por el mandatario. Los decretos a extorsionadores vinculados al Tren de Aragua abren un nuevo flanco La controversia en el Ministerio de Justicia sumó un nuevo antecedente tras revelarse que la aplicación de los beneficios penitenciarios no se limitó a agresores sexuales. Una investigación del medio Interferencia expuso que tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas obtuvieron reducciones de condena mediante decretos firmados por Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva. Los delincuentes integraban una banda detenida en La Serena en diciembre de 2021 por extorsionar a mujeres migrantes a cambio de permitirles ejercer el comercio sexual, presentándose explícitamente ante sus víctimas como miembros del Tren de Aragua. A pesar de haber sido sentenciados en agosto de 2022 a cinco años y un día de presidio, los decretos otorgaron una rebaja de nueve meses a Franyorkin Aramburu Hernández y tres meses a Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi. La aplicación de la denominada “Doctrina Rabat”. fundamentada en la interpretación de que el Ejecutivo no puede denegar el beneficio si se cumplen los requisitos formales, permitió que Marott y Ollarves quedaran en libertad anticipada en septiembre de 2026. Lo anterior ocurrió pese a que Aramburu registraba faltas al régimen penitenciario y mantenía rechazada su solicitud de libertad condicional, habiéndose firmado los documentos tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Bancada DC confirma acusación constitucional y exige la renuncia de las autoridades Frente a la acumulación de antecedentes, el escenario en el Congreso Nacional dio un giro decisivo. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, confirmó que los parlamentarios de su colectividad acordaron actuar de manera coordinada con la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Al argumentar la postura de la bancada, el diputado Díaz sostuvo que “En la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”. El parlamentario enfatizó el impacto de estas decisiones en los compromisos gubernamentales en materia de seguridad e infancia. En esa línea, Díaz aseveró que “El presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, el presidente se comprometió a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”. De igual forma, el jefe de la bancada falangista ratificó el acuerdo opositor manifestando que “La bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha tomado una decisión importante de avanzar junto con la oposición para que esto pueda prosperar”. Finalmente, el legislador demandó la salida inmediata de las máximas autoridades de la cartera declarando que “ El ministro Rabat y el subsecretario Silva no se pueden mantener en los cargos y, más aún, la infracción que han cometido y el error que han cometido debe también ser meritorio de una acusación constitucional”. Fuente: Publimetro
La caída de los fondos de pensiones volvió a instalar la presión sobre las AFP en el Congreso, esta vez con propuestas concretas para compensar a los afiliados afectados. Además, distintos actores han recalcado que las advertencias sobre las apuestas de las administradoras -mediante el aumento de las inversiones en los swaps- no son nuevas. Banco Central advirtió desde 2024 por riesgos en inversiones de las AFP La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, reveló ante la Cámara de Diputados que alertaron desde mayo de 2024 sobre el creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP, cuya exposición prácticamente se cuadruplicó hasta fines de 2025. Sin embargo, aclaró que sus facultades se limitan a resguardar la estabilidad financiera y que la regulación de estos instrumentos con fines de inversión corresponde a la Superintendencia de Pensiones. “Nuestro mercado local sí puede verse afectado frente a aumentos bruscos -en el uso de derivados- en poco tiempo. Ese fue el llamado que siempre hizo al Banco Central; contribuyó y entregó la información respectiva a las demás autoridades”, dijo Costa. Por otro lado, en una sesión especial del Senado, parlamentarios cuestionaron las decisiones de inversión de las administradoras, luego de que el fondo E acumulara pérdidas de un 10,4% entre enero y septiembre, mientras que el D retrocedió un 6,38%. Uno de los principales planteamientos fue utilizar los excedentes del encaje de las AFP para reparar las pérdidas, priorizando a pensionados y personas próximas a jubilarse. También surgieron propuestas para reforzar la regulación y sancionar una eventual administración temeraria de los ahorros previsionales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció la preocupación por el impacto de estas pérdidas, pero enfatizó que se debe distinguir entre los riesgos propios del mercado y posibles actuaciones negligentes de las administradoras. En esa línea, recordó que la Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP y que el Gobierno evalúa nuevas medidas regulatorias, mientras la legislación contempla indemnizaciones si se acreditan incumplimientos. ”La protección de los ahorros previsionales de los trabajadores es una responsabilidad esencial del Estado. Debemos permitir que esta investigación avance con todo el rigor que corresponde. Como Gobierno, continuaremos siguiendo estrechamente esta situación, respetando las competencias del organismo fiscalizador”, subrayó la autoridad. A su vez, el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, confirmó que el organismo había advertido desde 2024 sobre los riesgos asociados al creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP. “Hace tiempo, la Superintendencia venía manifestando su preocupación por el aumento en la exposición en derivados, se señaló amplificación de los riesgos e impacto para los afiliados”. En ese contexto, explicó que la investigación deberá determinar si las administradoras asumieron una exposición excesiva al riesgo. La restitución de los recursos sigue siendo una propuesta parlamentaria y no una medida acordada. Su eventual aplicación dependerá de las responsabilidades que establezca la investigación, mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre cómo exigir que las administradoras respondan por eventuales perjuicios a los afiliados. Fuente: BioBioChile
La compra de viviendas nuevas en Chile podrá quedar exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de diciembre de 2026, gracias a una medida incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que busca reactivar el mercado inmobiliario y reducir la cantidad de propiedades disponibles sin vender. La disposición, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de octubre, tendrá una vigencia de 12 meses, hasta el 30 de noviembre de 2027, y permitirá realizar determinadas operaciones inmobiliarias sin el recargo del IVA. Se trata de una de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para estimular la actividad del sector de la construcción, facilitar la comercialización de viviendas terminadas y contribuir a la recuperación de la inversión inmobiliaria. Sin embargo, el beneficio no se aplicará a todas las viviendas nuevas, ya que la normativa establece condiciones relacionadas con la fecha de recepción definitiva de las obras y la naturaleza de la compraventa. ¿Qué viviendas podrán comprarse sin IVA desde diciembre? La exención se aplicará a la primera venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción definitiva de obras otorgada por la Dirección de Obras Municipales antes del 17 de octubre de 2026, fecha en que se publicó la ley. Esto significa que el beneficio está orientado principalmente a propiedades terminadas que forman parte del inventario disponible de las empresas inmobiliarias. Entre sus principales características destaca que no existen límites de precio expresados en Unidades de Fomento (UF), ni restricciones de superficie en metros cuadrados. Asimismo, podrán acceder compradores particulares y personas jurídicas, independientemente de si adquieren el inmueble como primera vivienda, segunda propiedad o inversión inmobiliaria. La exención también puede incluir bodegas y estacionamientos asociados a la vivienda, siempre que cumplan las condiciones legales y se comercialicen conjuntamente con ella. Quedan excluidas las propiedades usadas y las viviendas que no cumplan los requisitos de recepción definitiva establecidos por la normativa. ¿Cuánto podrían bajar los precios de las viviendas? Uno de los principales efectos esperados de la eliminación temporal del IVA es una reducción en el precio final de determinadas propiedades nuevas. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución no necesariamente será equivalente al 19%, debido a la forma en que se calcula el impuesto en las operaciones inmobiliarias y a los distintos costos que componen el valor de una vivienda. El arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Alberto Texido, explicó que la rebaja efectiva sería menor, considerando la estructura tributaria y productiva del sector. Además, el impacto final dependerá de cómo las inmobiliarias incorporen el beneficio en sus precios comerciales. Por ello, los especialistas recomiendan comparar los valores de una misma propiedad antes y después de la entrada en vigencia de la medida, considerando también los gastos asociados a la compra y al financiamiento hipotecario. Sector inmobiliario proyecta una recuperación durante 2027 Desde la industria inmobiliaria existe una evaluación positiva respecto de los posibles efectos de la exención tributaria. El director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte, sostuvo que la iniciativa podría ayudar a disminuir el inventario de viviendas nuevas que permanecen sin compradores. A su juicio, la medida podría complementar otros instrumentos de apoyo al mercado, como los subsidios a las tasas de interés hipotecarias, las garantías estatales FOGAES y modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La combinación de estos mecanismos permitiría mejorar las condiciones para concretar operaciones inmobiliarias y favorecer una recuperación del sector durante 2027. No obstante, el impacto dependerá también del acceso al crédito hipotecario, las tasas de interés y la capacidad de financiamiento de los hogares. Compradores anteriores a diciembre también podrían recuperar el IVA La Ley de Reconstrucción contempla un mecanismo especial para determinadas personas que compraron viviendas nuevas antes de la entrada en vigencia de la exención. El beneficio retroactivo considera operaciones formalizadas mediante escritura pública entre el 22 de abril y el 30 de noviembre de 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos. De acuerdo con el procedimiento informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el vendedor deberá restituir al comprador el IVA correspondiente y posteriormente solicitar su devolución al organismo tributario. Para ello, el SII habilitará el Formulario F3298, destinado a las solicitudes de devolución presentadas por los vendedores. En tanto, los compradores deberán acreditar que recibieron la restitución del impuesto mediante la declaración jurada F3299. La normativa también establece exigencias documentales relacionadas con la escritura de compraventa, por lo que será importante verificar las condiciones particulares de cada operación. Expertos advierten que se necesitan otras medidas habitacionales Aunque la exención tributaria podría contribuir a dinamizar las ventas inmobiliarias, especialistas señalan que la recuperación del sector requiere medidas adicionales. El exministro de Vivienda Jaime Ravinet destacó que la disminución de los precios de propiedades terminadas puede favorecer la actividad económica, pero recordó que el país también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a la vivienda. Entre ellos mencionó la situación de las más de 100 mil familias que viven en campamentos, problema que requiere soluciones habitacionales de largo plazo. De esta manera, la exención del IVA se presenta como una herramienta para impulsar las ventas de viviendas nuevas, aunque no reemplaza las políticas destinadas a enfrentar el déficit habitacional. ¿Hasta cuándo estará vigente la exención del IVA? El beneficio comenzará a operar el 1 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de un año, conforme a la Ley N.º 21.850. Durante este período, las empresas inmobiliarias que cumplan los requisitos podrán aplicar la exención en las operaciones correspondientes. La normativa también contempla reglas especiales para promesas de compraventa celebradas durante la vigencia del beneficio, sujetas a las formalidades legales. Con su implementación, el Gobierno busca incentivar la comercialización de viviendas terminadas y entregar un impulso al sector inmobiliario, cuya recuperación dependerá tanto de los incentivos tributarios como de las condiciones económicas y financieras del país.
Solo 23 de las 345 municipalidades de Chile cumplen completamente con sus obligaciones de transparencia activa, según reveló una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que identificó importantes brechas en el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos. El informe, elaborado entre abril y julio de 2026, estableció que el cumplimiento promedio nacional llegó al 88,5%, registrando un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se trata del mejor resultado desde que comenzaron estas mediciones en 2012. Sin embargo, el organismo advirtió que 322 municipios todavía presentan algún grado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, reconoció que los resultados muestran avances, aunque también reflejan dificultades persistentes en áreas relevantes para la fiscalización ciudadana. Gastos públicos y deudas municipales presentan las mayores deficiencias Uno de los aspectos más preocupantes identificados en el estudio corresponde a la disponibilidad de información financiera de los municipios. De acuerdo con los resultados, la publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó un 74% de cumplimiento, mientras que la información sobre adquisiciones y contrataciones llegó al 76,9%. La principal brecha se detectó en las deudas de las corporaciones municipales, cuyo nivel de cumplimiento fue de apenas un 46,5%. Asimismo, la publicación de contratos realizados fuera de Mercado Público registró un 60%, evidenciando dificultades para acceder a antecedentes sobre determinadas operaciones municipales. La presidenta del Consejo para la Transparencia enfatizó que conocer cómo se utilizan los recursos públicos constituye una de las principales demandas de información de la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que la falta de transparencia puede aumentar los riesgos de irregularidades administrativas, aunque precisó que un incumplimiento en la publicación de antecedentes no significa necesariamente que existan actos de corrupción. ¿Qué municipalidades cumplen completamente con la Ley de Transparencia? La fiscalización identificó a 23 municipios que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las obligaciones evaluadas. Entre ellos se encuentran las municipalidades de Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt, que lograron publicar la totalidad de los antecedentes exigidos en la revisión. En el extremo contrario, el informe identificó a varias comunas con niveles de cumplimiento considerablemente inferiores al promedio nacional. Entre los resultados más bajos aparecen: Huasco, Región de Atacama: 43,6%. Curarrehue, Región de La Araucanía: 47,2%. Catemu, Región de Valparaíso: 49,9%. Longaví, Región del Maule: 51,6%. Independencia, Región Metropolitana: 52,6%. Desde el CPLT explicaron que algunos municipios atribuyen sus dificultades a la falta de personal especializado o de capacidades técnicas. Sin embargo, recalcaron que estas condiciones no eliminan la obligación legal de mantener disponible y actualizada la información pública. Municipios muestran avances respecto de 2025 Pese a las deficiencias detectadas, el estudio también evidenció mejoras relevantes en el desempeño de numerosas administraciones comunales. Según el organismo, 39 de las 41 municipalidades que obtuvieron los resultados más bajos durante 2025 mejoraron sus indicadores en 2026, con un incremento promedio de 30,4 puntos porcentuales. Este avance contribuyó a elevar el cumplimiento nacional hasta su nivel más alto desde el inicio de las fiscalizaciones. No obstante, el Consejo insistió en que todavía existen diferencias importantes entre municipalidades, especialmente en la entrega de antecedentes financieros y contractuales. Consejo para la Transparencia advierte multas por incumplimientos Frente a los resultados, el CPLT anunció que desarrollará investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones legales. La normativa contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor, cuando se acrediten incumplimientos injustificados. Junto con las medidas de fiscalización, el organismo continuará realizando capacitaciones y acciones de acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos comunales. El objetivo institucional es que el promedio nacional supere el 90% durante 2027. Para el Consejo, mejorar el acceso a información sobre presupuestos, gastos, contrataciones y deudas municipales es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aunque los resultados muestran una evolución positiva, el hecho de que solo 23 municipalidades cumplan la totalidad de las exigencias evidencia los desafíos que todavía enfrenta Chile en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó dejar su cargo pese a las presiones políticas surgidas por la controversia sobre las rebajas de condenas. En paralelo, el excandidato presidencial Franco Parisi intensificó sus críticas al Gobierno y planteó que los diputados del Partido de la Gente (PDG) deberían adoptar una posición común frente a la acusación constitucional que prepara la oposición. La situación mantiene abierto un nuevo conflicto político para la administración del Presidente José Antonio Kast, mientras distintos sectores parlamentarios evalúan sus posiciones ante una eventual votación del libelo acusatorio. Rabat asegura respaldo presidencial y anuncia medidas para las víctimas Durante una actividad realizada junto a la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, el secretario de Estado respondió a los cuestionamientos provenientes tanto de la oposición como de partidos oficialistas, entre ellos la UDI y Renovación Nacional. Ante las solicitudes de renuncia, Rabat afirmó que cuenta con apoyo político para continuar sus funciones. Siento respaldo del sector, siento respaldo del señor presidente de la República, pero yo creo que lo relevante hoy día es enfocarnos en la solución a los problemas, sostuvo. Como parte de las medidas anunciadas, el ministro informó que el Ejecutivo impulsará una mesa de defensa de las víctimas, destinada a coordinar propuestas legislativas de distintos sectores políticos y recoger planteamientos de organizaciones relacionadas con esta materia. La autoridad también indicó que durante la semana anterior la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrolló 17 reuniones con distintas agrupaciones, como parte del trabajo preparatorio de la iniciativa. Sin embargo, al ser consultado sobre si el respaldo que asegura tener se traducirá en votos suficientes para enfrentar la acusación constitucional, evitó entregar cifras o comprometer apoyos parlamentarios. Franco Parisi cuestiona la permanencia del ministro Desde el Partido de la Gente, Franco Parisi manifestó una postura crítica respecto de la continuidad de Rabat en el gabinete y adelantó que la bancada parlamentaria se reunirá para definir cómo enfrentará la acusación constitucional. La idea es que debe ser un voto en bloque, señaló el excandidato presidencial, quien considera que la controversia trasciende sus eventuales consecuencias jurídicas y constituye un problema de responsabilidad política. Según explicó, la situación representa un incumplimiento del compromiso del Estado con la protección de los menores de edad y la seguridad de la ciudadanía. Parisi agregó que, tras conversar con representantes de su colectividad, estos habrían considerado necesario remover al ministro durante las primeras 24 horas de iniciada la crisis. El dirigente también cuestionó que la salida del exsubsecretario Luis Silva no estuviera acompañada de una decisión similar respecto del titular de Justicia. Críticas a Kast por su viaje a Europa Los cuestionamientos de Parisi también alcanzaron directamente al Presidente José Antonio Kast, a quien responsabilizó políticamente por la conducción de la crisis. El líder del PDG criticó el viaje del mandatario a Europa, que contempla una visita al Vaticano, considerando que el Gobierno enfrenta una controversia que requiere definiciones internas. A juicio del excandidato, los problemas de coordinación y liderazgo del Ejecutivo han profundizado el conflicto, mientras las repercusiones podrían afectar la evaluación ciudadana de la administración. Acusación constitucional mantiene abierto el escenario político La oposición avanza en la preparación de una acusación constitucional contra Fernando Rabat, iniciativa impulsada por sectores del Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana. El libelo se enmarca en la controversia por las rebajas de condenas, incluidas las otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. En este escenario, la definición que adopten los diputados del PDG podría adquirir especial relevancia para el resultado de la votación en la Cámara. Por ahora, el ministro mantiene su decisión de continuar en el cargo y concentrar su gestión en las medidas anunciadas, mientras persiste la presión política sobre el Ejecutivo y se espera conocer la posición definitiva de las distintas bancadas parlamentarias.
La última medición de la encuesta Plaza Pública Cadem reflejó un contundente desplome en la evaluación del ministro de Justicia, Fernando Rabat. El estudio de opinión pública arrojó un 77% de desaprobación a su desempeño en el cargo, contando con apenas un 12% de aprobación. El impacto político salpicó directamente al Palacio de La Moneda, ya que un 64% de los encuestados manifestó su desacuerdo con la determinación del presidente José Antonio Kast de ratificar al secretario de Estado para encabezar las modificaciones normativas. La desaprobación ciudadana responde al masivo rechazo que generan los beneficios penitenciarios concedidos a sentenciados por delitos sexuales contra menores, donde un 94% de los consultados se manifestó en contra de las rebajas de condena y un 90% afirmó que estos condenados jamás deberían acceder a reducciones de pena. Este escenario cobró mayor fuerza tras la investigación periodística de BBCL Investiga, la cual identificó a 33 pederastas beneficiados bajo la actual administración. Asimismo, la encuesta Cadem reveló que un 79% de los ciudadanos considera que Rabat no estaba legalmente obligado a firmar los decretos, mientras que un 72% estimó como insuficientes las explicaciones públicas entregadas por el mandatario. Los decretos a extorsionadores vinculados al Tren de Aragua abren un nuevo flanco La controversia en el Ministerio de Justicia sumó un nuevo antecedente tras revelarse que la aplicación de los beneficios penitenciarios no se limitó a agresores sexuales. Una investigación del medio Interferencia expuso que tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas obtuvieron reducciones de condena mediante decretos firmados por Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva. Los delincuentes integraban una banda detenida en La Serena en diciembre de 2021 por extorsionar a mujeres migrantes a cambio de permitirles ejercer el comercio sexual, presentándose explícitamente ante sus víctimas como miembros del Tren de Aragua. A pesar de haber sido sentenciados en agosto de 2022 a cinco años y un día de presidio, los decretos otorgaron una rebaja de nueve meses a Franyorkin Aramburu Hernández y tres meses a Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi. La aplicación de la denominada “Doctrina Rabat”. fundamentada en la interpretación de que el Ejecutivo no puede denegar el beneficio si se cumplen los requisitos formales, permitió que Marott y Ollarves quedaran en libertad anticipada en septiembre de 2026. Lo anterior ocurrió pese a que Aramburu registraba faltas al régimen penitenciario y mantenía rechazada su solicitud de libertad condicional, habiéndose firmado los documentos tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Bancada DC confirma acusación constitucional y exige la renuncia de las autoridades Frente a la acumulación de antecedentes, el escenario en el Congreso Nacional dio un giro decisivo. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, confirmó que los parlamentarios de su colectividad acordaron actuar de manera coordinada con la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Al argumentar la postura de la bancada, el diputado Díaz sostuvo que “En la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”. El parlamentario enfatizó el impacto de estas decisiones en los compromisos gubernamentales en materia de seguridad e infancia. En esa línea, Díaz aseveró que “El presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, el presidente se comprometió a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”. De igual forma, el jefe de la bancada falangista ratificó el acuerdo opositor manifestando que “La bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha tomado una decisión importante de avanzar junto con la oposición para que esto pueda prosperar”. Finalmente, el legislador demandó la salida inmediata de las máximas autoridades de la cartera declarando que “ El ministro Rabat y el subsecretario Silva no se pueden mantener en los cargos y, más aún, la infracción que han cometido y el error que han cometido debe también ser meritorio de una acusación constitucional”. Fuente: Publimetro
La caída de los fondos de pensiones volvió a instalar la presión sobre las AFP en el Congreso, esta vez con propuestas concretas para compensar a los afiliados afectados. Además, distintos actores han recalcado que las advertencias sobre las apuestas de las administradoras -mediante el aumento de las inversiones en los swaps- no son nuevas. Banco Central advirtió desde 2024 por riesgos en inversiones de las AFP La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, reveló ante la Cámara de Diputados que alertaron desde mayo de 2024 sobre el creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP, cuya exposición prácticamente se cuadruplicó hasta fines de 2025. Sin embargo, aclaró que sus facultades se limitan a resguardar la estabilidad financiera y que la regulación de estos instrumentos con fines de inversión corresponde a la Superintendencia de Pensiones. “Nuestro mercado local sí puede verse afectado frente a aumentos bruscos -en el uso de derivados- en poco tiempo. Ese fue el llamado que siempre hizo al Banco Central; contribuyó y entregó la información respectiva a las demás autoridades”, dijo Costa. Por otro lado, en una sesión especial del Senado, parlamentarios cuestionaron las decisiones de inversión de las administradoras, luego de que el fondo E acumulara pérdidas de un 10,4% entre enero y septiembre, mientras que el D retrocedió un 6,38%. Uno de los principales planteamientos fue utilizar los excedentes del encaje de las AFP para reparar las pérdidas, priorizando a pensionados y personas próximas a jubilarse. También surgieron propuestas para reforzar la regulación y sancionar una eventual administración temeraria de los ahorros previsionales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció la preocupación por el impacto de estas pérdidas, pero enfatizó que se debe distinguir entre los riesgos propios del mercado y posibles actuaciones negligentes de las administradoras. En esa línea, recordó que la Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP y que el Gobierno evalúa nuevas medidas regulatorias, mientras la legislación contempla indemnizaciones si se acreditan incumplimientos. ”La protección de los ahorros previsionales de los trabajadores es una responsabilidad esencial del Estado. Debemos permitir que esta investigación avance con todo el rigor que corresponde. Como Gobierno, continuaremos siguiendo estrechamente esta situación, respetando las competencias del organismo fiscalizador”, subrayó la autoridad. A su vez, el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, confirmó que el organismo había advertido desde 2024 sobre los riesgos asociados al creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP. “Hace tiempo, la Superintendencia venía manifestando su preocupación por el aumento en la exposición en derivados, se señaló amplificación de los riesgos e impacto para los afiliados”. En ese contexto, explicó que la investigación deberá determinar si las administradoras asumieron una exposición excesiva al riesgo. La restitución de los recursos sigue siendo una propuesta parlamentaria y no una medida acordada. Su eventual aplicación dependerá de las responsabilidades que establezca la investigación, mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre cómo exigir que las administradoras respondan por eventuales perjuicios a los afiliados. Fuente: BioBioChile
