El Juzgado de Garantía de Arica ha rechazado el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en relación a la entrega de la identidad de 57 testigos en el marco de la investigación contra el Tren de Aragua en Chile. El juez Héctor Barraza había decidido entregar esta información a las defensas de 'Los Gallegos', una peligrosa banda de origen venezolano, lo que generó críticas por parte del Ejecutivo y la Fiscalía. El rechazo de la nulidad se debe a que todos los antecedentes ya están siendo analizados por la Corte de Apelaciones de la ciudad, tras la orden de no innovar emitida por el Ministerio Público. Esto se debe a la causa penal abierta por el órgano persecutor y la investigación administrativa iniciada por el Poder Judicial. Ante la polémica generada por la decisión del juez, el tribunal ha ordenado a los defensores del clan 'Los Gallegos' devolver los antecedentes que contienen los nombres de los testigos protegidos. La Defensoría Penal Pública ha confirmado la devolución voluntaria de los documentos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha señalado que el juez Barraza habría incumplido sus deberes funcionarios al autorizar la entrega de las identidades de los testigos. Se han interpuesto recursos de protección contra el juez en la Corte de Apelaciones de Arica por parte del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y otros actores involucrados en el caso.
El Liceo A-9 Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle demostró su superioridad en el enfrentamiento contra el Liceo Bicentenario Domingo Santa María de Arica. Este emocionante partido se llevó a cabo en el marco de la definición del noveno al decimosexto puesto en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares en la disciplina de Balonmano varones, que se está llevando a cabo en la región del Biobío. El encuentro se desarrolló en el Polideportivo de Los Ángeles y fue realmente intenso. Ambos equipos dieron lo mejor de sí en la cancha, pero al final fueron los representantes de la región de Coquimbo quienes se quedaron con la victoria. El marcador final fue de 20-18, reflejando lo reñido que fue el partido.
El 'Caso Convenios' ha experimentado un nuevo desarrollo con la incautación de material por parte de funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigación (PDI) en las instalaciones del Gobierno Regional de Arica. Esta operación, llevada a cabo en la mañana de este miércoles, fue solicitada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, quien lidera la investigación en la región de Atacama por presunto fraude al fisco. Testigos presenciales relatan que la PDI permaneció en las oficinas regionales durante aproximadamente una hora, solicitando la entrega de información a través de un dispositivo USB. El propósito de esta diligencia fue investigar los pagos y documentos relacionados con convenios firmados por la Fundación Comprometidos durante los años 2022 y 2023. Cabe destacar que esta fundación, vinculada al partido PRO, se encuentra entre las que están siendo investigadas en el caso de los convenios gubernamentales. El caso de la Fundación Comprometidos llamó la atención inicialmente en la región de Atacama a finales de junio, cuando se reveló que había recibido $128 millones desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para proyectos de suministro de agua potable en Copiapó, a pesar de tener un enfoque principal en actividades cinematográficas y de servicios veterinarios. Sin embargo, la controversia no se limitó a Atacama, ya que la Fundación Comprometidos firmó dos convenios con el Gobierno Regional de Arica, por un monto total que superaba los $280 millones. Estos acuerdos estaban destinados a la implementación de un sistema de control canino y registro de mascotas en la región. En Arica, surgieron inquietudes y cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos entre miembros de la fundación y funcionarios del Gobierno Regional, quienes también formaban parte del partido en formaciónMejor Región, donde Sebastián Duarte, presidente de la Fundación Comprometidos, figura como uno de los fundadores. Las autoridades del Gobierno Regional de Arica aclararon a Mega Investiga que la acción de la PDI no constituyó un allanamient o, sino unaentrega voluntaria de información relacionada con la investigación sobre transferencias de fondos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a la Fundación Comprometidos para proyectos de suministro de agua en campamentos. El Ministerio Público en la región de Arica mantiene bajo escrutinio al menos tres fundaciones en relación con convenios similares. Uno de ellos es la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Fundor), que firmó un convenio de $2.600 millones con el Gobierno Regional de Arica para un programa de emprendimiento, a pesar de carecer de experiencia en ese campo. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio en julio. Otra entidad bajo investigación es la Fundación Conecta Tea, que presta servicios a personas con trastorno del espectro autista, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. A pesar de que se firmó un convenio de $357,5 millones para un programa de atención gratuita, surgieron denuncias de que la organización estaba cobrando a las familias que participaban en el programa, así como acusaciones de falsificación de firmas y boletas falsas. Finalmente, la Fundación Deportiva Valcar, que firmó c onvenios relacionados con seguridad y salud, también está siendo investigada. El senador José Miguel Durana presentó evidencia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, cuestionando la falta de experiencia de la fundación en proyectos de seguridad y la limitada aprobación que recibió en el Consejo Regional de Arica, donde el proyecto sólo obtuvo el voto a favor del gobernador Jorge Díaz (DC), mientras que siete consejeros regionales lo rechazaron y seis se abstuvieron.
El Juzgado de Garantía de Arica ha rechazado el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en relación a la entrega de la identidad de 57 testigos en el marco de la investigación contra el Tren de Aragua en Chile. El juez Héctor Barraza había decidido entregar esta información a las defensas de 'Los Gallegos', una peligrosa banda de origen venezolano, lo que generó críticas por parte del Ejecutivo y la Fiscalía. El rechazo de la nulidad se debe a que todos los antecedentes ya están siendo analizados por la Corte de Apelaciones de la ciudad, tras la orden de no innovar emitida por el Ministerio Público. Esto se debe a la causa penal abierta por el órgano persecutor y la investigación administrativa iniciada por el Poder Judicial. Ante la polémica generada por la decisión del juez, el tribunal ha ordenado a los defensores del clan 'Los Gallegos' devolver los antecedentes que contienen los nombres de los testigos protegidos. La Defensoría Penal Pública ha confirmado la devolución voluntaria de los documentos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha señalado que el juez Barraza habría incumplido sus deberes funcionarios al autorizar la entrega de las identidades de los testigos. Se han interpuesto recursos de protección contra el juez en la Corte de Apelaciones de Arica por parte del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y otros actores involucrados en el caso.
El Liceo A-9 Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle demostró su superioridad en el enfrentamiento contra el Liceo Bicentenario Domingo Santa María de Arica. Este emocionante partido se llevó a cabo en el marco de la definición del noveno al decimosexto puesto en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares en la disciplina de Balonmano varones, que se está llevando a cabo en la región del Biobío. El encuentro se desarrolló en el Polideportivo de Los Ángeles y fue realmente intenso. Ambos equipos dieron lo mejor de sí en la cancha, pero al final fueron los representantes de la región de Coquimbo quienes se quedaron con la victoria. El marcador final fue de 20-18, reflejando lo reñido que fue el partido.
El 'Caso Convenios' ha experimentado un nuevo desarrollo con la incautación de material por parte de funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigación (PDI) en las instalaciones del Gobierno Regional de Arica. Esta operación, llevada a cabo en la mañana de este miércoles, fue solicitada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, quien lidera la investigación en la región de Atacama por presunto fraude al fisco. Testigos presenciales relatan que la PDI permaneció en las oficinas regionales durante aproximadamente una hora, solicitando la entrega de información a través de un dispositivo USB. El propósito de esta diligencia fue investigar los pagos y documentos relacionados con convenios firmados por la Fundación Comprometidos durante los años 2022 y 2023. Cabe destacar que esta fundación, vinculada al partido PRO, se encuentra entre las que están siendo investigadas en el caso de los convenios gubernamentales. El caso de la Fundación Comprometidos llamó la atención inicialmente en la región de Atacama a finales de junio, cuando se reveló que había recibido $128 millones desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para proyectos de suministro de agua potable en Copiapó, a pesar de tener un enfoque principal en actividades cinematográficas y de servicios veterinarios. Sin embargo, la controversia no se limitó a Atacama, ya que la Fundación Comprometidos firmó dos convenios con el Gobierno Regional de Arica, por un monto total que superaba los $280 millones. Estos acuerdos estaban destinados a la implementación de un sistema de control canino y registro de mascotas en la región. En Arica, surgieron inquietudes y cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos entre miembros de la fundación y funcionarios del Gobierno Regional, quienes también formaban parte del partido en formaciónMejor Región, donde Sebastián Duarte, presidente de la Fundación Comprometidos, figura como uno de los fundadores. Las autoridades del Gobierno Regional de Arica aclararon a Mega Investiga que la acción de la PDI no constituyó un allanamient o, sino unaentrega voluntaria de información relacionada con la investigación sobre transferencias de fondos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a la Fundación Comprometidos para proyectos de suministro de agua en campamentos. El Ministerio Público en la región de Arica mantiene bajo escrutinio al menos tres fundaciones en relación con convenios similares. Uno de ellos es la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Fundor), que firmó un convenio de $2.600 millones con el Gobierno Regional de Arica para un programa de emprendimiento, a pesar de carecer de experiencia en ese campo. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio en julio. Otra entidad bajo investigación es la Fundación Conecta Tea, que presta servicios a personas con trastorno del espectro autista, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. A pesar de que se firmó un convenio de $357,5 millones para un programa de atención gratuita, surgieron denuncias de que la organización estaba cobrando a las familias que participaban en el programa, así como acusaciones de falsificación de firmas y boletas falsas. Finalmente, la Fundación Deportiva Valcar, que firmó c onvenios relacionados con seguridad y salud, también está siendo investigada. El senador José Miguel Durana presentó evidencia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, cuestionando la falta de experiencia de la fundación en proyectos de seguridad y la limitada aprobación que recibió en el Consejo Regional de Arica, donde el proyecto sólo obtuvo el voto a favor del gobernador Jorge Díaz (DC), mientras que siete consejeros regionales lo rechazaron y seis se abstuvieron.