El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
La Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) ha hecho una solicitud formal al Gobierno para que se declare el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y Zona de Catástrofe en toda la región, debido a los graves efectos provocados por el sistema frontal. La petición fue presentada ante la Delegación Presidencial Regional con el objetivo de agilizar la llegada de recursos humanos, logísticos y materiales. Según informa SoyChile, esta solicitud surge en medio de intensas precipitaciones, desbordes, activación de quebradas, caminos dañados y localidades aisladas o incomunicadas. Los municipios han alertado que incluso vehículos de alta tracción han tenido dificultades para acceder a las zonas más afectadas, lo que complica las labores de ayuda y rescate. El presidente de ARMA y alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, ha expresado que la medida tomada en la provincia del Huasco debería extenderse a toda la región de Atacama. “Creemos que es necesario ampliarlo a toda la región como una herramienta concreta que permita al Estado mover con mayor rapidez todos los recursos humanos, logísticos y materiales”, afirmó Cicardini. Cicardini también ha señalado que la emergencia sigue evolucionando y que los equipos municipales están trabajando al máximo de sus capacidades. “Hoy tenemos áreas aisladas, caminos destrozados, quebradas activas y familias incomunicadas”, dijo. El alcalde aseguró que una declaración regional permitiría contar con un mayor número de personal, maquinaria especializada y medios de transporte adecuados. Por su parte, la delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, ha mencionado que las autoridades estarán evaluando la evolución del sistema frontal y la situación en la provincia de Copiapó. “Nuestra prioridad es rescatar a las personas más aisladas y restablecer la conectividad en la Ruta 5 Norte”, declaró. Desde ARMA han instado al Gobierno a actuar con prontitud, argumentando que la magnitud del desastre requiere medidas excepcionales para proteger a la población, restablecer la comunicación y asegurar una rápida distribución de ayuda humanitaria en las áreas más afectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de las crecientes solicitudes de autoridades locales para decretar estado de catástrofe tras el sistema frontal, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno considera que, por ahora, cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar la emergencia y que una eventual declaración será evaluada una vez que exista un catastro completo de los daños. Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que autoridades comunales, como el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusaran falta de apoyo del nivel central y solicitaran activar el estado de catástrofe para acelerar la llegada de recursos destinados a la reconstrucción. Consultado por estos requerimientos tras una reunión en Senapred, el ministro Alvarado respondió que “hoy día los instrumentos que el Gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia” y recalcó que las medidas preventivas adoptadas antes del temporal permitieron movilizar recursos y medios para enfrentar la contingencia. El secretario de Estado explicó que durante e ste lunes se recopilarán antecedentes detallados sobre las afectaciones en cada comuna para determinar el alcance real de los daños. “ Cuando tengamos la afectación real en las regiones y en cada comuna vamos a evaluar el pasar a una segunda fase, que es la recuperación. Y si esa segunda fase requiere facilitar la inversión para recuperar las zonas afectadas, indudablemente que valoraremos un estado de catástrofe por condiciones climáticas”, afirmó. El titular del Interior también defendió el despliegue del Ejecutivo, señalando que todas las solicitudes canalizadas a través de los comités regionales de gestión del riesgo han sido respondidas. Además, indicó que se reforzó el uso de medios aéreos para evacuar personas y abastecer a localidades aisladas, mientras continúan las labores para restablecer caminos y servicios básicos. Respecto a los cortes de electricidad, aseguró que el Gobierno fiscalizará a las empresas para garantizar las compensaciones establecidas por ley y exigir la reposición del suministro en el menor tiempo posible. Fuente: ADN Radio Nacional
La medición periódica de la opinión pública arrojó un complejo escenario político para el comité político de La Moneda. Este domingo 12 de julio se liberaron los resultados de una nueva edición de la encuesta Criteria, herramienta de diagnóstico que evidenció un retroceso estadístico en los niveles de adhesión hacia la conducción del Presidente de la República, José Antonio Kast, situando sus cifras de respaldo en el punto más bajo desde el inicio de su mandato constitucional. De acuerdo con las métricas del estudio de opinión, la aprobación a la gestión del Jefe de Estado se posicionó en un 32%, lo que representa una contracción de tres puntos porcentuales en relación al último reporte semanal. Este indicador se transforma de manera oficial en el registro de apoyo más bajo detectado por el sondeo desde el cambio de mando residencial del pasado 11 de marzo. En la contraparte del tablero estadístico, la desaprobación a la figura presidencial experimentó un incremento de dos puntos, alcanzando el 55% de las menciones, mientras que el segmento de la población que optó por la opción “no sabe” o no pondera el desempeño del Ejecutivo se situó en un 13%. Más allá de la evaluación de las figuras de autoridad, el estudio de Criteria destinó un apartado técnico para auscultar la percepción social frente al bloque legislativo clave del oficialismo: el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa estructural que en la actualidad surte sus etapas de discusión y análisis en las comisiones del Senado. Las respuestas recolectadas exponen un escenario de virtual empate técnico y fractura de opiniones respecto a los impactos macroeconómicos del articulado: Asimismo, la encuesta detectó un marcado juicio de valor en torno a los destinatarios finales de los beneficios de esta reforma. El 47% de los ciudadanos consultados aseguró mantener la convicción de que la iniciativa, tal como se encuentra redactada en su trámite parlamentario, terminará favoreciendo de forma prioritaria y principal a los sectores socioeconómicos de mayores ingresos del país. Este último dato añade presión al debate de las bancadas oficialistas en la Cámara Alta para la negociación de indicaciones específicas. Lee aquí el estudio completo: Criteria Julio 2026 Fuente: Publimetro
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
La Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) ha hecho una solicitud formal al Gobierno para que se declare el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y Zona de Catástrofe en toda la región, debido a los graves efectos provocados por el sistema frontal. La petición fue presentada ante la Delegación Presidencial Regional con el objetivo de agilizar la llegada de recursos humanos, logísticos y materiales. Según informa SoyChile, esta solicitud surge en medio de intensas precipitaciones, desbordes, activación de quebradas, caminos dañados y localidades aisladas o incomunicadas. Los municipios han alertado que incluso vehículos de alta tracción han tenido dificultades para acceder a las zonas más afectadas, lo que complica las labores de ayuda y rescate. El presidente de ARMA y alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, ha expresado que la medida tomada en la provincia del Huasco debería extenderse a toda la región de Atacama. “Creemos que es necesario ampliarlo a toda la región como una herramienta concreta que permita al Estado mover con mayor rapidez todos los recursos humanos, logísticos y materiales”, afirmó Cicardini. Cicardini también ha señalado que la emergencia sigue evolucionando y que los equipos municipales están trabajando al máximo de sus capacidades. “Hoy tenemos áreas aisladas, caminos destrozados, quebradas activas y familias incomunicadas”, dijo. El alcalde aseguró que una declaración regional permitiría contar con un mayor número de personal, maquinaria especializada y medios de transporte adecuados. Por su parte, la delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, ha mencionado que las autoridades estarán evaluando la evolución del sistema frontal y la situación en la provincia de Copiapó. “Nuestra prioridad es rescatar a las personas más aisladas y restablecer la conectividad en la Ruta 5 Norte”, declaró. Desde ARMA han instado al Gobierno a actuar con prontitud, argumentando que la magnitud del desastre requiere medidas excepcionales para proteger a la población, restablecer la comunicación y asegurar una rápida distribución de ayuda humanitaria en las áreas más afectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de las crecientes solicitudes de autoridades locales para decretar estado de catástrofe tras el sistema frontal, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno considera que, por ahora, cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar la emergencia y que una eventual declaración será evaluada una vez que exista un catastro completo de los daños. Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que autoridades comunales, como el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusaran falta de apoyo del nivel central y solicitaran activar el estado de catástrofe para acelerar la llegada de recursos destinados a la reconstrucción. Consultado por estos requerimientos tras una reunión en Senapred, el ministro Alvarado respondió que “hoy día los instrumentos que el Gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia” y recalcó que las medidas preventivas adoptadas antes del temporal permitieron movilizar recursos y medios para enfrentar la contingencia. El secretario de Estado explicó que durante e ste lunes se recopilarán antecedentes detallados sobre las afectaciones en cada comuna para determinar el alcance real de los daños. “ Cuando tengamos la afectación real en las regiones y en cada comuna vamos a evaluar el pasar a una segunda fase, que es la recuperación. Y si esa segunda fase requiere facilitar la inversión para recuperar las zonas afectadas, indudablemente que valoraremos un estado de catástrofe por condiciones climáticas”, afirmó. El titular del Interior también defendió el despliegue del Ejecutivo, señalando que todas las solicitudes canalizadas a través de los comités regionales de gestión del riesgo han sido respondidas. Además, indicó que se reforzó el uso de medios aéreos para evacuar personas y abastecer a localidades aisladas, mientras continúan las labores para restablecer caminos y servicios básicos. Respecto a los cortes de electricidad, aseguró que el Gobierno fiscalizará a las empresas para garantizar las compensaciones establecidas por ley y exigir la reposición del suministro en el menor tiempo posible. Fuente: ADN Radio Nacional
La medición periódica de la opinión pública arrojó un complejo escenario político para el comité político de La Moneda. Este domingo 12 de julio se liberaron los resultados de una nueva edición de la encuesta Criteria, herramienta de diagnóstico que evidenció un retroceso estadístico en los niveles de adhesión hacia la conducción del Presidente de la República, José Antonio Kast, situando sus cifras de respaldo en el punto más bajo desde el inicio de su mandato constitucional. De acuerdo con las métricas del estudio de opinión, la aprobación a la gestión del Jefe de Estado se posicionó en un 32%, lo que representa una contracción de tres puntos porcentuales en relación al último reporte semanal. Este indicador se transforma de manera oficial en el registro de apoyo más bajo detectado por el sondeo desde el cambio de mando residencial del pasado 11 de marzo. En la contraparte del tablero estadístico, la desaprobación a la figura presidencial experimentó un incremento de dos puntos, alcanzando el 55% de las menciones, mientras que el segmento de la población que optó por la opción “no sabe” o no pondera el desempeño del Ejecutivo se situó en un 13%. Más allá de la evaluación de las figuras de autoridad, el estudio de Criteria destinó un apartado técnico para auscultar la percepción social frente al bloque legislativo clave del oficialismo: el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa estructural que en la actualidad surte sus etapas de discusión y análisis en las comisiones del Senado. Las respuestas recolectadas exponen un escenario de virtual empate técnico y fractura de opiniones respecto a los impactos macroeconómicos del articulado: Asimismo, la encuesta detectó un marcado juicio de valor en torno a los destinatarios finales de los beneficios de esta reforma. El 47% de los ciudadanos consultados aseguró mantener la convicción de que la iniciativa, tal como se encuentra redactada en su trámite parlamentario, terminará favoreciendo de forma prioritaria y principal a los sectores socioeconómicos de mayores ingresos del país. Este último dato añade presión al debate de las bancadas oficialistas en la Cámara Alta para la negociación de indicaciones específicas. Lee aquí el estudio completo: Criteria Julio 2026 Fuente: Publimetro
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
