La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha iniciado un sumario administrativo en respuesta a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República sobre la compra de terrenos entre 2022 y 2024. Se han detectado irregularidades que revelan debilidades en los procesos de tasación, lo que podría haber resultado en pagos excesivos por los predios. El ministro Iván Poduje confirmó esta acción y también informó sobre la suspensión de un funcionario mientras se llevan a cabo las investigaciones. Las cuestiones planteadas han generado dudas sobre la ejecución del plan habitacional implementado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. En este contexto, el secretario de Estado aseguró que la investigación se ampliará más allá de los casos inicialmente revisados. Se está investigando cada una de las compras de terreno que fueron observadas por la contralora, afirmó, agregando que también se está evaluando el uso de los predios que aún no han sido asignados a proyectos. Además, se ha señalado que el análisis se extenderá a operaciones de mayor escala. La contralora hizo una muestra de 25 casos y nosotros estamos investigando todas las compras grandes, sostuvo el ministro. En relación a los terrenos sin uso, el ministro mencionó que ya se están tomando medidas al respecto. Estamos acelerando la destinación de esos terrenos para proyectos de vivienda, indicó. A pesar del inicio del sumario y la suspensión aplicada, la autoridad enfatizó que aún no se han identificado responsables concretos. El sumario lo va a determinar, puntualizó. Fuente: CNN Chile País
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha iniciado un sumario administrativo en respuesta a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República sobre la compra de terrenos entre 2022 y 2024. Se han detectado irregularidades que revelan debilidades en los procesos de tasación, lo que podría haber resultado en pagos excesivos por los predios. El ministro Iván Poduje confirmó esta acción y también informó sobre la suspensión de un funcionario mientras se llevan a cabo las investigaciones. Las cuestiones planteadas han generado dudas sobre la ejecución del plan habitacional implementado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. En este contexto, el secretario de Estado aseguró que la investigación se ampliará más allá de los casos inicialmente revisados. Se está investigando cada una de las compras de terreno que fueron observadas por la contralora, afirmó, agregando que también se está evaluando el uso de los predios que aún no han sido asignados a proyectos. Además, se ha señalado que el análisis se extenderá a operaciones de mayor escala. La contralora hizo una muestra de 25 casos y nosotros estamos investigando todas las compras grandes, sostuvo el ministro. En relación a los terrenos sin uso, el ministro mencionó que ya se están tomando medidas al respecto. Estamos acelerando la destinación de esos terrenos para proyectos de vivienda, indicó. A pesar del inicio del sumario y la suspensión aplicada, la autoridad enfatizó que aún no se han identificado responsables concretos. El sumario lo va a determinar, puntualizó. Fuente: CNN Chile País
