La ministra Camila Vallejo salió en defensa de los polémicos comentarios del presidente Gabriel Boric tras la prisión preventiva de Luis Hermosilla, señalando que el mandatario ha mantenido un enfoque firme en situaciones similares, como en el escándalo de Democracia Viva. Vallejo recordó que “el Presidente ha sido categórico y muy duro en varias oportunidades”, destacando que ya en el pasado había calificado a los involucrados como sinvergüenzas, sin recibir entonces críticas por sus palabras. Las declaraciones de Boric, refiriéndose a Hermosilla como “un señor que se creía todopoderoso” , generaron la respuesta del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien acusó a La Moneda de matonaje y funa . Ante estas críticas, Vallejo reiteró que el presidente mantiene un solo estándar: la igualdad ante la ley, independientemente del estatus o las conexiones de los involucrados. Vallejo también hizo hincapié en que “cuando decimos caiga quien caiga, es una máxima” , y defendió la dureza del Presidente ante casos de posible corrupción. Señaló que en julio del año pasado, durante el caso Convenios, Boric había mostrado la misma firmeza al referirse a personas dentro de su propio gobierno. “Lo importante es no perder el foco de la corrupción; ahí está el tema central” , sentenció la ministra, defendiendo el enfoque del gobierno en mantener la integridad y el rigor en la persecución de delitos, sin importar los involucrados. Vallejo también abordó las críticas internas y las comparaciones con otros casos, como el del exalcalde Daniel Jadue, destacando que cada situación es distinta y requiere de una evaluación en su propio contexto. Además, defendió la prudencia del gobierno respecto a las investigaciones en curso y reafirmó que el Ministerio Público debe continuar con su trabajo de manera autónoma.
La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (Frente Amplio), dio un paso significativo en la investigación en curso del Caso Convenios al entregar este miércoles su teléfono móvil al Ministerio Público. La entrega se realizó en completa reserva y se enmarca en el contexto de la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de ampliar la investigación hasta el 14 de octubre. Pérez acudió a las oficinas de la Fiscalía Nacional acompañada de su abogado, el penalista Gonzalo Medina, para poner a disposición de la justicia su dispositivo móvil. La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien está a cargo de las investigaciones en la capital regional. Efectivamente, hoy concurrimos a la Fiscalía, pues a más de un año del caso no hay antecedentes de delitos cometidos por la diputada Pérez y es de nuestro interés cerrar pronto la investigación respecto de su persona. Por lo mismo, a iniciativa nuestra entregamos hoy a la Fiscalía su teléfono celular para revisión. Espero que prontamente quede clara la más completa inocencia de mi representada, afirmó Gonzalo Medina en declaraciones a La Tercera. Además, desde el entorno de la parlamentaria se comunicó que las cuentas bancarias de Pérez ya han sido revisadas, sin que se hayan encontrado fondos vinculados a su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Asimismo, no se hallaron registros relacionados con Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien se encuentra en prisión preventiva por la arista TomArte del caso.
Este lunes se dio a conocer que la arquitecta Camila Ramírez, representante de la Fundación Urbanismo Social, solicitó formalmente el inicio de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora. La petición fue ingresada el pasado 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago. El origen de esta crisis se remonta a junio de 2023, cuando salió a la luz el denominadoCaso Convenios. Este escándalo provocó un cambio radical en la forma en que se gestionaban las colaboraciones público-privadas en el ámbito de la vivienda. La Fundación Urbanismo Social, una institución con 15 años de trayectoria, se vio gravemente afectada por las nuevas políticas y decisiones administrativas derivadas del caso. En un documento al que tuvo acceso La Radio, se detallan las consecuencias directas de estas medidas. Los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo , con los cuales la empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos (…), indica el texto. En vez de evaluar sus procesos administrativos y responder conforme a lo estipulado en los convenios firmados, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus organismos dependientes, así como otros órganos de la Administración del Estado con los que la solicitante había contratado, decidieron la terminación de los convenios celebrados (…) . La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otros órganos de la Administración del Estado, de terminar anticipadamente los convenios celebrados con la Fundación, tuvo un impacto devastador. La terminación anticipada de convenios cuya ejecución no había comenzado privó a la Fundación de dineros que, producto del contrato, se habían incorporado en su programación de caja , se lee en el documento. Entre los convenios afectados, se menciona uno con la Municipalidad de Santiago, firmado el 3 de julio de 2023, para el proyecto de rehabilitación de la Avenida Portales, por un monto de $121.922.433, que no fue recibido por la empresa deudora. Otro caso destacado es la terminación del convenio con el Gobierno Regional del Maule, con fecha 5 de diciembre de 2023, que implicó la restitución de $264.950.000, actualmente retenidos por resolución judicial. El documento también menciona otras terminaciones de convenios y restituciones exigidas, incluyendo uno con la Secretaría Regional Ministerio de la Vivienda de Antofagasta por $175.000.000 y varios otros por sumas significativas. Esta terminación de contratos, que no se encontraba prevista y que se hacía indispensable para evitar contraer deudas de carácter salariales o previsionales, supuso que la solicitante ha quedado obligada al pago de finiquitos por la suma de $274.807.166 .-, cantidad que actualmente es adeudada a los trabajadores, muchos de los cuales ya han iniciado las acciones judiciales destinadas a su cobro”, se consigna en el documento. Además, el caso Convenios y las acciones legales subsecuentes “generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante, lo que unido a la interposición de acciones judiciales por parte del Estado y sus instituciones, y las correspondientes medidas precautorias concedidas, significaron la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos.
El Ministerio Público, representado por la fiscal María José Aguayo, ha solicitado al Tribunal aumentar la medida cautelar contra Pilar Fonseca, madre de Camila Polizzi y acusada en el caso Convenios por el delito de lavado de activos. La petición surge luego de que Fonseca incumpliera en múltiples ocasiones el arresto domiciliario impuesto a fines de abril. Carabineros informó que Fonseca no respondió a los controles realizados por el personal policial en los días 8, 14 y 28 de mayo, momentos en que llegaron al domicilio donde debe permanecer obligatoriamente entre las 22:00 y las 06:00 horas. Ante esta situación, el Juzgado de Garantía de Concepción ha fijado para el 14 de junio la revisión de la medida cautelar, anticipándose que la Fiscalía solicitará al menos el arresto domiciliario total para Pilar Fonseca. Además del caso de Fonseca, la fiscal Aguayo ha requerido a Carabineros que informe sobre posibles incumplimientos del arresto domiciliario por parte de los imputados en la arista Fundación En Ti, incluyendo a Camila Polizzi, Diego y Sebastián Polanco, Rodrigo Martínez y Simón Acuña.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
La ministra Camila Vallejo salió en defensa de los polémicos comentarios del presidente Gabriel Boric tras la prisión preventiva de Luis Hermosilla, señalando que el mandatario ha mantenido un enfoque firme en situaciones similares, como en el escándalo de Democracia Viva. Vallejo recordó que “el Presidente ha sido categórico y muy duro en varias oportunidades”, destacando que ya en el pasado había calificado a los involucrados como sinvergüenzas, sin recibir entonces críticas por sus palabras. Las declaraciones de Boric, refiriéndose a Hermosilla como “un señor que se creía todopoderoso” , generaron la respuesta del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien acusó a La Moneda de matonaje y funa . Ante estas críticas, Vallejo reiteró que el presidente mantiene un solo estándar: la igualdad ante la ley, independientemente del estatus o las conexiones de los involucrados. Vallejo también hizo hincapié en que “cuando decimos caiga quien caiga, es una máxima” , y defendió la dureza del Presidente ante casos de posible corrupción. Señaló que en julio del año pasado, durante el caso Convenios, Boric había mostrado la misma firmeza al referirse a personas dentro de su propio gobierno. “Lo importante es no perder el foco de la corrupción; ahí está el tema central” , sentenció la ministra, defendiendo el enfoque del gobierno en mantener la integridad y el rigor en la persecución de delitos, sin importar los involucrados. Vallejo también abordó las críticas internas y las comparaciones con otros casos, como el del exalcalde Daniel Jadue, destacando que cada situación es distinta y requiere de una evaluación en su propio contexto. Además, defendió la prudencia del gobierno respecto a las investigaciones en curso y reafirmó que el Ministerio Público debe continuar con su trabajo de manera autónoma.
La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (Frente Amplio), dio un paso significativo en la investigación en curso del Caso Convenios al entregar este miércoles su teléfono móvil al Ministerio Público. La entrega se realizó en completa reserva y se enmarca en el contexto de la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de ampliar la investigación hasta el 14 de octubre. Pérez acudió a las oficinas de la Fiscalía Nacional acompañada de su abogado, el penalista Gonzalo Medina, para poner a disposición de la justicia su dispositivo móvil. La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien está a cargo de las investigaciones en la capital regional. Efectivamente, hoy concurrimos a la Fiscalía, pues a más de un año del caso no hay antecedentes de delitos cometidos por la diputada Pérez y es de nuestro interés cerrar pronto la investigación respecto de su persona. Por lo mismo, a iniciativa nuestra entregamos hoy a la Fiscalía su teléfono celular para revisión. Espero que prontamente quede clara la más completa inocencia de mi representada, afirmó Gonzalo Medina en declaraciones a La Tercera. Además, desde el entorno de la parlamentaria se comunicó que las cuentas bancarias de Pérez ya han sido revisadas, sin que se hayan encontrado fondos vinculados a su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Asimismo, no se hallaron registros relacionados con Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien se encuentra en prisión preventiva por la arista TomArte del caso.
Este lunes se dio a conocer que la arquitecta Camila Ramírez, representante de la Fundación Urbanismo Social, solicitó formalmente el inicio de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora. La petición fue ingresada el pasado 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago. El origen de esta crisis se remonta a junio de 2023, cuando salió a la luz el denominadoCaso Convenios. Este escándalo provocó un cambio radical en la forma en que se gestionaban las colaboraciones público-privadas en el ámbito de la vivienda. La Fundación Urbanismo Social, una institución con 15 años de trayectoria, se vio gravemente afectada por las nuevas políticas y decisiones administrativas derivadas del caso. En un documento al que tuvo acceso La Radio, se detallan las consecuencias directas de estas medidas. Los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo , con los cuales la empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos (…), indica el texto. En vez de evaluar sus procesos administrativos y responder conforme a lo estipulado en los convenios firmados, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus organismos dependientes, así como otros órganos de la Administración del Estado con los que la solicitante había contratado, decidieron la terminación de los convenios celebrados (…) . La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otros órganos de la Administración del Estado, de terminar anticipadamente los convenios celebrados con la Fundación, tuvo un impacto devastador. La terminación anticipada de convenios cuya ejecución no había comenzado privó a la Fundación de dineros que, producto del contrato, se habían incorporado en su programación de caja , se lee en el documento. Entre los convenios afectados, se menciona uno con la Municipalidad de Santiago, firmado el 3 de julio de 2023, para el proyecto de rehabilitación de la Avenida Portales, por un monto de $121.922.433, que no fue recibido por la empresa deudora. Otro caso destacado es la terminación del convenio con el Gobierno Regional del Maule, con fecha 5 de diciembre de 2023, que implicó la restitución de $264.950.000, actualmente retenidos por resolución judicial. El documento también menciona otras terminaciones de convenios y restituciones exigidas, incluyendo uno con la Secretaría Regional Ministerio de la Vivienda de Antofagasta por $175.000.000 y varios otros por sumas significativas. Esta terminación de contratos, que no se encontraba prevista y que se hacía indispensable para evitar contraer deudas de carácter salariales o previsionales, supuso que la solicitante ha quedado obligada al pago de finiquitos por la suma de $274.807.166 .-, cantidad que actualmente es adeudada a los trabajadores, muchos de los cuales ya han iniciado las acciones judiciales destinadas a su cobro”, se consigna en el documento. Además, el caso Convenios y las acciones legales subsecuentes “generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante, lo que unido a la interposición de acciones judiciales por parte del Estado y sus instituciones, y las correspondientes medidas precautorias concedidas, significaron la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos.
El Ministerio Público, representado por la fiscal María José Aguayo, ha solicitado al Tribunal aumentar la medida cautelar contra Pilar Fonseca, madre de Camila Polizzi y acusada en el caso Convenios por el delito de lavado de activos. La petición surge luego de que Fonseca incumpliera en múltiples ocasiones el arresto domiciliario impuesto a fines de abril. Carabineros informó que Fonseca no respondió a los controles realizados por el personal policial en los días 8, 14 y 28 de mayo, momentos en que llegaron al domicilio donde debe permanecer obligatoriamente entre las 22:00 y las 06:00 horas. Ante esta situación, el Juzgado de Garantía de Concepción ha fijado para el 14 de junio la revisión de la medida cautelar, anticipándose que la Fiscalía solicitará al menos el arresto domiciliario total para Pilar Fonseca. Además del caso de Fonseca, la fiscal Aguayo ha requerido a Carabineros que informe sobre posibles incumplimientos del arresto domiciliario por parte de los imputados en la arista Fundación En Ti, incluyendo a Camila Polizzi, Diego y Sebastián Polanco, Rodrigo Martínez y Simón Acuña.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
